EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: LA HISTORIA INTERMINABLE

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: LA HISTORIA INTERMINABLE

El estado del conflicto en 5 claves

Madrid, 28 de octubre de 2009. Cuando han transcurrido ya casi dos meses de
curso escolar, resulta evidente que el conflicto generado por las
asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), lejos de haber
finalizado, ha cobrado nueva fuerza. En resumen, la situación es la
siguiente:

Las objeciones a la asignatura siguen aumentando y rondan las 54 000. Estos
escritos de objeción corresponden a alumnos que cursan alguna de las
asignaturas de EpC y a alumnos que la recibirán en los próximos años. Como
ha ocurrido en cursos anteriores, la Administración educativa oculta las
cifras de objeción o las encubre.

El panorama judicial se ha alterado notablemente. El Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado, desde el 23 de
septiembre, al menos 23 sentencias que reconocen el derecho a objetar a 34
alumnos y quedan unos 250 recursos pendientes de resolver. Además, en
Valencia se han presentado los primeros 240 recursos de objetores ante el
Tribunal Superior de Justicia y unos padres madrileños han hecho lo mismo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en defensa de su derecho a
objetar.

Los argumentos jurídicos en defensa de la objeción han dado un vuelco tras
las sentencias de Castilla y León. Estas resoluciones se apartan del fallo
del Tribunal Supremo en materia de objeción a EpC porque entienden que, en
la interpretación de los derechos fundamentales, es vinculante la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Este
argumento (jurídicamente impecable) podría ser esgrimido por los Tribunales
Superiores de Justicia de Castilla y León y Madrid para justificar el
derecho a objetar a las polémicas asignaturas.

Las Administraciones educativas en general no han cumplido las sentencias
del Tribunal Supremo en relación con la objeción a EpC. Dichas sentencias
advertían que la educación estatal no podía tomar posiciones «sobre
problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la
sociedad española» ni erigirse en árbitro de «las cuestiones morales
controvertidas». Solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía ha advertido
(mediante escrito oficial) a sus centros educativos de las obligaciones que
se derivan de las sentencias del Tribunal Supremo.

El Ministerio de Educación ha mostrado claramente qué modelo de EpC impone
al recomendar como material para estas materias escolares recursos
multimedia como Axial, un mundo de valores (con el vídeo del Día del Orgullo
Gay como práctica), Sexpresan (explicando el sexo oral y cómo se pone un
preservativo) o Los caminos de la felicidad (que invita a los alumnos a
cuestionarse qué hace mal la Iglesia católica).

En resumen, como explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de
Profesionales por la Ética, el conflicto de EpC sigue muy vivo. Entre tanto,
el ministro de Educación ha hecho guiños a los que se oponen a estas
asignaturas, incluidos los objetores, afirmando que se reunirá con ellos,
que «escuchará las razones de quienes creen que desde su conciencia deben
objetar» o reconociendo que «la invocación de la conciencia es una cosa muy
seria» y que está «decidido a encontrar una solución».

Como reconoce Fernández de Alarcón, las declaraciones de Ángel Gabilondo
constituyen una novedad y «puede hablarse de un cambio de actitud respecto a
sus dos predecesoras. Pero no bastan las declaraciones; los niños siguen sin
entrar en clase de EpC (a pesar de las presiones del centro educativo o de
los inspectores) y estas asignaturas siguen adoctrinando. El ministro tiene
que materializar ya su actitud dialogante y recibir ya a los representantes
de los objetores».